Proyecto de sometimiento: Gobierno propone rebajas de penas de hasta el 50 %
El proyecto de sometimiento a la justicia presentado por el Gobierno nacional propone beneficios penales condicionados para integrantes de organizaciones armadas ilegales que abandonen sus actividades y colaboren con las autoridades. La iniciativa fue radicada este martes 13 de octubre de 2026 por los ministros de Justicia, Iván Cancino, y del Interior, Rodrigo Lara.
La propuesta contempla reducciones de penas de hasta el 50 %, sujetas al cumplimiento de requisitos. Su presentación abre el debate legislativo, pero no significa que estas disposiciones hayan sido aprobadas ni que puedan aplicarse inmediatamente.
El Ejecutivo plantea una ruta para desmantelar las estructuras y judicializar a sus integrantes sin otorgarles reconocimiento político. Los alcances definitivos dependerán de la discusión y las decisiones del Congreso.
¿Qué propone el proyecto de sometimiento?
Según la información recogida por Infobae, la iniciativa contiene 22 artículos y busca ajustar el marco de la Ley 418 de 1997 a la política de seguridad del Gobierno.
El texto del proyecto de sometimiento plantea responsabilidades para el Ministerio de Justicia y la Fiscalía. También contempla una unidad especializada para investigar y judicializar a los actores armados que se acojan al procedimiento.
La propuesta fue presentada con mensaje de urgencia. El Gobierno pretende que las comisiones primeras del Senado y la Cámara la estudien conjuntamente y que avance de manera prioritaria.
Ese mecanismo no convierte el articulado en una norma vigente. Los congresistas deberán examinarlo y podrán introducir modificaciones durante su trámite.
Rebajas de penas: beneficios sujetos a condiciones
De acuerdo con Caracol Radio, el proyecto establece reducciones de hasta el 50 % para integrantes que cumplan los requisitos y una rebaja del 30 % para quienes hayan ejercido funciones de liderazgo.
Los porcentajes no deben interpretarse como una reducción automática para todas las personas vinculadas a organizaciones criminales. La propuesta del proyecto de sometimiento relaciona el tratamiento penal con aportes verificables y con la valoración de las autoridades judiciales.
Para explicar su alcance será necesario distinguir quién puede ingresar al procedimiento, cuáles obligaciones debe cumplir y cómo se evaluará su responsabilidad individual. La pertenencia a una estructura no significa que todos sus integrantes recibirían idéntico tratamiento.
El proyecto de sometimiento no suspendería capturas ni extradiciones
Uno de los puntos reseñados por Semana es que el proceso propuesto no suspendería la ejecución de órdenes de captura ni las extradiciones.
El procedimiento tendría una etapa administrativa y otra judicial. Durante la primera se definirían las condiciones del sometimiento; posteriormente, correspondería establecer la responsabilidad penal de cada participante.
La propuesta exige manifestar por escrito la voluntad de acogerse, abandonar las armas y cesar las actividades ilícitas. También contempla entregar información que contribuya al desmantelamiento de las organizaciones.
El incumplimiento de las condiciones podría conducir a la revocatoria de los beneficios, conforme a la valoración judicial prevista en el articulado.
Verdad, bienes y atención a las víctimas
Entre los compromisos descritos están aportar información sobre personas desaparecidas, identificar a menores reclutados y personas secuestradas, y colaborar en el esclarecimiento de nexos políticos y redes de corrupción.
La entrega de bienes y las contribuciones a la reparación también forman parte del enfoque anunciado. El debate deberá examinar cómo se comprobarán esos aportes y qué garantías tendrán las víctimas durante el procedimiento.
Qué cambia con la radicación y qué sigue pendiente
La novedad concreta es que el proyecto de sometimiento pasó del anuncio público a su presentación ante el Congreso. Desde ahora, el seguimiento debe concentrarse en las ponencias, los debates y las modificaciones que reciba.
Todavía no puede afirmarse que una organización determinada ingresará al mecanismo, que sus miembros obtendrán una reducción específica o que dejarán de ser perseguidos judicialmente.
Tampoco la radicación acredita por sí misma el desarme de un grupo o la recuperación de un territorio. Esos serían resultados que exigirían comprobación independiente, si la iniciativa se convierte en ley y llega a implementarse.
Para las comunidades afectadas por la violencia, el asunto central será cómo se traducirían las disposiciones en protección, esclarecimiento de hechos y reparación. Por eso, la discusión sobre porcentajes de reducción de penas debe acompañarse de una revisión de las obligaciones y los mecanismos para exigir su cumplimiento.
El proyecto de sometimiento abre una nueva discusión sobre la respuesta estatal frente a las organizaciones armadas. Por ahora, sus medidas siguen siendo propuestas sujetas al trámite legislativo.
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