Minería ilegal en El Bagre: inhabilitan 22 equipos en golpe a millonaria operación
La operación Aquiles intervino maquinaria sobre el río Nechí. Según el Gobierno, la actividad producía oro valorado en $11.130 millones mensuales y estaba sometida a cobros del Clan del Golfo.
La minería ilegal en El Bagre fue objeto de una intervención de la Fuerza Pública en el sector de Río Viejo, sobre el río Nechí. El balance divulgado este lunes 28 de septiembre incluye la inhabilitación de 22 equipos utilizados para la extracción ilícita de oro.
La acción, denominada operación Aquiles, reunió a la Policía Nacional, el Ejército y la Armada. El presidente Abelardo de la Espriella comunicó los resultados y atribuyó a una subestructura del Clan del Golfo el cobro de extorsiones sobre la producción del lugar.
Los 22 equipos intervenidos contra la minería ilegal en El Bagre
De acuerdo con el reporte recogido por El Heraldo, fueron inhabilitadas tres dragalinas brasileñas, dos excavadoras, cuatro dragas de buzo y trece motores industriales.
La suma corresponde a equipos de distintas características. Por tanto, el balance no equivale a 22 excavadoras ni a 22 minas intervenidas: describe la infraestructura que habría permitido mantener la extracción de oro en ese punto del río.
El operativo contra la minería ilegal en El Bagre se concentró en retirar de funcionamiento esa capacidad productiva. La información divulgada ubica la intervención en Río Viejo, dentro de la jurisdicción de este municipio del Bajo Cauca antioqueño.
Una producción estimada en 26,5 kilos de oro mensuales
Según las estimaciones oficiales reseñadas por Vanguardia, en este lugar de minería ilegal en El Bagre, se obtenían aproximadamente 26,5 kilos de oro cada mes. El Gobierno calculó su valor en $11.130 millones en el mercado informal.
Esa cifra corresponde al valor estimado de la producción mensual. No representa dinero incautado durante el procedimiento ni una cantidad de oro recuperada por las autoridades.
La distinción permite dimensionar el anuncio sin confundir los resultados materiales de la intervención con las proyecciones económicas sobre la actividad que allí se desarrollaba.
Foto: Fuerza Aérea Colombiana.
La presunta extorsión detrás de la minería ilegal en El Bagre
El presidente señaló que la subestructura Uldar Cardona Rueda, del Clan del Golfo, exigía un pago equivalente al 15 % de la producción. Según ese balance, el cobro representaba cerca de $1.669 millones mensuales.
El reporte de El Heraldo también recoge una afectación logística estimada en $6.264 millones por la inhabilitación de maquinaria.
Son valores diferentes: uno describe la presunta renta extorsiva mensual y el otro cuantifica el impacto atribuido a la pérdida de infraestructura. No deben sumarse como si ambos fueran recursos decomisados.
El río Nechí también está en el centro del anuncio
La intervención contra la minería ilegal en El Bagre fue presentada por el Gobierno como una acción para reducir las presiones ambientales sobre el río.
De la Espriella sostuvo que retirar la maquinaria contribuiría a disminuir la contaminación, la acumulación de sedimentos y las alteraciones del cauce. El componente ambiental aparece así junto al objetivo de afectar las fuentes de financiación de las estructuras armadas.
Sin embargo, detener la operación de los equipos y recuperar un ecosistema son resultados distintos. El balance económico divulgado no permite establecer por sí mismo cuánto tiempo tomaría restaurar las áreas afectadas.
Una alerta previa por la seguridad de las comunidades
La discusión sobre la minería ilegal en El Bagre también tiene un componente humanitario. El 4 de septiembre, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por los riesgos que enfrentan habitantes de la cabecera municipal y de los corregimientos Puerto López y Puerto Claver.
La entidad relacionó la disputa entre grupos armados con el control territorial y la captación de rentas derivadas de la explotación aurífera. Su advertencia incluyó desplazamientos, confinamientos, amenazas y uso de drones con explosivos.
También identificó riesgos particulares para comunidades indígenas y afrocolombianas, así como para niñas, niños y adolescentes. La alerta formuló 14 recomendaciones dirigidas a distintas entidades para coordinar medidas de prevención y protección.
Ese documento constituye un antecedente regional y no una confirmación independiente de cada cifra anunciada sobre la operación Aquiles. Sí muestra que el desafío alrededor de la minería ilegal en El Bagre abarca tanto las economías criminales como la protección de quienes viven en los territorios disputados.
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