JEP imputa a 12 exuniformados por crímenes de guerra y lesa humanidad en la Comuna 13 de Medellín
La JEP imputa a 12 exuniformados por su presunta responsabilidad en graves crímenes cometidos contra la población civil de la Comuna 13 de Medellín y sectores cercanos entre 2001 y 2004. La decisión, anunciada este viernes 30 de octubre de 2026, involucra a ocho antiguos integrantes del Ejército Nacional y cuatro de la Policía.
Entre los señalados se encuentran los generales retirados Mario Montoya Uribe y José Leonardo Gallego Castrillón, a quienes la Jurisdicción Especial para la Paz atribuyó responsabilidad por omisión en el cumplimiento de sus funciones de mando, control y protección de civiles.
La investigación documentó 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas, incluyendo homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, violencia sexual y privaciones graves de la libertad.
La imputación corresponde al subcaso Antioquia del Caso 08 y constituye un avance en el proceso de esclarecimiento de los hechos relacionados con operaciones militares y policiales como Mariscal y Orión.
¿Por qué la JEP imputó a 12 exintegrantes de la Fuerza Pública?
La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP.
De acuerdo con la investigación publicada por CAMBIO, el tribunal identificó un patrón de violencia en el que participaron integrantes de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares.
La JEP señaló que existieron dos componentes principales: la estigmatización de habitantes como supuestos colaboradores de las guerrillas y la colaboración o no agresión entre determinados agentes estatales y organizaciones paramilitares.
Según la Sala, estas prácticas facilitaron ataques contra civiles, especialmente líderes comunitarios, mujeres, jóvenes y personas señaladas de pertenecer a grupos insurgentes sin que esas acusaciones estuvieran debidamente comprobadas.
La investigación también identificó situaciones en las que estructuras ilegales habrían recibido información, apoyo o tolerancia por parte de integrantes de organismos estatales.
La imputación examina responsabilidades individuales dentro de ese contexto y no atribuye automáticamente las mismas conductas a todos los integrantes del Ejército o de la Policía que participaron en operaciones en Medellín.
Mario Montoya y José Leonardo Gallego: ¿qué responsabilidad les atribuye la JEP?
La noticia de que la JEP imputa a 12 exuniformados tiene entre sus principales protagonistas a dos antiguos altos mandos.
El general retirado Mario Montoya Uribe fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército durante el periodo investigado. Entre las operaciones desarrolladas bajo su estructura de mando estuvo Orión, ejecutada en octubre de 2002.
Por su parte, el general retirado José Leonardo Gallego Castrillón se desempeñó como alto mando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá durante parte de los hechos examinados.
A ambos oficiales la JEP les atribuyó responsabilidad por omisión impropia.
Esta figura se refiere a situaciones en las que una persona, por sus funciones y deberes de protección, podía tener la obligación de impedir determinadas conductas, pero presuntamente incumplió esas responsabilidades.
En este expediente, la Sala considera que los oficiales tenían deberes de mando, vigilancia y protección frente a actuaciones de sus subordinados y a los riesgos que enfrentaba la población civil.
La imputación por omisión no significa que el tribunal los señale necesariamente de haber ejecutado personalmente cada crimen, sino que examina sus responsabilidades como superiores.
Los comparecientes tendrán la oportunidad de aceptar o controvertir las atribuciones formuladas.
¿Quiénes son los 12 exuniformados señalados?
La JEP imputa a 12 exuniformados con diferentes niveles de responsabilidad, según los cargos y las funciones que desempeñaban durante el periodo investigado.
Cinco fueron señalados como presuntos responsables por omisión impropia:
- Mario Montoya Uribe, general retirado y antiguo comandante de la Cuarta Brigada.
- Bernardo Gutiérrez Camelo, coronel retirado y antiguo jefe de inteligencia de esa brigada.
- Jairo Bocanegra de la Torre, coronel retirado y antiguo comandante del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina.
- José Leonardo Gallego Castrillón, general retirado de la Policía Metropolitana.
- Álvaro Botero Mejía, coronel retirado y antiguo subcomandante operativo de esa unidad policial.
Otros seis exuniformados fueron señalados como coautores por sus presuntos aportes a la planeación, ejecución o encubrimiento de las conductas investigadas: Juan Armando René Cadena Montenegro, Carlos Mauricio Rojas Martínez, Julián Ernesto Cadena Castillo, Darío Enrique Cortés Castillo, Sergio Enrique Pérez García y Dagoberto de Jesús Bermúdez Villa.
Finalmente, Jhon Jairo López Valencia fue señalado como presunto coautor de homicidios relacionados con la operación Contrafuego y como responsable por omisión impropia en otros hechos examinados.
Esta diferenciación resulta importante porque la JEP no atribuyó idénticas conductas ni modalidades de participación a todos los imputados.
JEP documenta 951 hechos victimizantes y 891 personas afectadas
Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación es la dimensión de la violencia registrada entre 2001 y 2004.
Según el reporte de Caracol Radio, la Sala identificó provisionalmente:
- 87 víctimas de desaparición forzada.
- 80 víctimas de homicidio.
- 289 víctimas de desplazamiento forzado.
- 74 hechos de lesiones personales.
- 34 hechos de tortura.
- 7 víctimas de violencia sexual.
- 380 víctimas de privaciones graves de la libertad.
La suma corresponde a 951 hechos victimizantes, mientras que el número de personas afectadas es de 891 porque algunas sufrieron más de una conducta.
El tribunal también documentó actos de persecución contra lideresas de la Asociación de Mujeres de las Independencias, especialmente entre 2002 y 2004.
El universo presentado es provisional y forma parte de la reconstrucción realizada en el subcaso Antioquia.
Operación Orión y Operación Mariscal: antecedentes de los crímenes
La decisión de que la JEP imputa a 12 exuniformados está relacionada con diferentes operaciones militares y policiales desarrolladas en la Comuna 13.
Durante esos años, Medellín atravesó un periodo de confrontaciones armadas que involucraron guerrillas, milicias urbanas, paramilitares y organismos de seguridad del Estado.
Entre las operaciones examinadas se encuentran Otoño, Contrafuego, Metro, Mariscal y Orión.
Esta última comenzó en octubre de 2002 y tuvo como objetivo declarado recuperar el control territorial de sectores donde actuaban estructuras armadas ilegales.
Sin embargo, la JEP estableció que durante varias de estas intervenciones se cometieron graves violaciones contra la población civil.
De acuerdo con El País, el tribunal atribuyó especial relevancia a la colaboración entre determinados integrantes de la Fuerza Pública y estructuras del Bloque Cacique Nutibara.
La Sala considera que esas relaciones contribuyeron a facilitar acciones violentas y a modificar el control territorial que ejercían diferentes organizaciones armadas.
¿Qué relación encontraron entre la Fuerza Pública y los paramilitares?
La investigación de la JEP identificó presuntas formas de cooperación entre integrantes de unidades militares y policiales y organizaciones paramilitares.
Entre las prácticas documentadas figuran el intercambio de información, el uso de guías para identificar supuestos milicianos, la coordinación territorial y la falta de persecución de determinadas estructuras ilegales.
Según CAMBIO, la Sala examinó cómo algunos informes de inteligencia y señalamientos contra habitantes fueron utilizados para justificar actuaciones que terminaron afectando a personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.
La JEP también analizó el papel del Bloque Cacique Nutibara, organización paramilitar que amplió su presencia en la zona durante el periodo investigado.
La investigación concluye que, después de la Operación Orión, esa estructura consolidó una posición de control sobre diversos sectores de la Comuna 13.
No obstante, la determinación de responsabilidad individual de los doce comparecientes deberá continuar dentro del procedimiento judicial correspondiente.
La Escombrera, un lugar fundamental para la búsqueda de desaparecidos
La imputación también tiene relación con las investigaciones sobre desaparición forzada y la búsqueda de víctimas en La Escombrera, ubicada en el occidente de Medellín.
Durante años, familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que en esa zona podrían encontrarse restos de personas desaparecidas durante el conflicto armado urbano.
La JEP ha desarrollado medidas cautelares y actuaciones dirigidas a proteger los lugares de interés forense y facilitar las labores de búsqueda.
Según la reconstrucción publicada por CAMBIO, el tribunal identificó información sobre presuntos lugares de inhumación clandestina en La Escombrera, El Cebollal, Cerro Doce Apóstoles y La Palomera.
El expediente relaciona varios de estos sitios con recorridos utilizados por estructuras paramilitares para trasladar y desaparecer personas.
La investigación y las labores forenses son procesos distintos, aunque pueden contribuir conjuntamente al esclarecimiento de los hechos.
La Sala destacó los aportes de organizaciones como Mujeres Caminando por la Verdad, la Corporación Jurídica Libertad y otras asociaciones que han acompañado durante años a las familias.
Foto de archivo: JEP.
¿Cómo investigó la JEP los crímenes de la Comuna 13?
La decisión de que la JEP imputa a 12 exuniformados se produjo después de varios años de recopilación y contrastación de pruebas.
Según el informe divulgado por Caracol Radio, la investigación incluyó 150 diligencias, distribuidas entre 79 versiones voluntarias de integrantes de la Fuerza Pública y 71 testimonios.
También fueron examinados cerca de 200 expedientes relacionados con homicidios y desapariciones forzadas.
Las diligencias permitieron escuchar a exintegrantes del Ejército y la Policía, antiguos miembros de organizaciones paramilitares, funcionarios públicos, víctimas y habitantes de la Comuna 13.
A ello se sumaron decisiones de la justicia ordinaria y del sistema de Justicia y Paz.
La Sala también recibió informes de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, que contribuyeron a reconstruir los hechos y las afectaciones sufridas por las comunidades.
En la primera fase de este subcaso se acreditaron 152 víctimas individuales y 12 sujetos colectivos que agrupan a 519 personas.
Estos registros de acreditación corresponden a una categoría procesal diferente del universo total de víctimas identificado por la investigación.
¿La imputación significa que los generales ya fueron condenados?
No. La atribución de responsabilidades anunciada el 30 de octubre no constituye una sentencia condenatoria.
La JEP cuenta con procedimientos específicos para esclarecer responsabilidades relacionadas con los crímenes más graves del conflicto armado.
Después de la notificación de la decisión, los comparecientes podrán presentar sus observaciones y manifestar si reconocen o controvierten los hechos y las responsabilidades atribuidas.
También se contempla la participación de las víctimas acreditadas y del Ministerio Público.
Si los comparecientes reconocen responsabilidad y aportan verdad, el proceso podrá avanzar hacia las etapas correspondientes del sistema restaurativo de la JEP.
En cambio, si no reconocen responsabilidad, el expediente puede continuar por la ruta adversarial prevista en la jurisdicción, con las consecuencias que determine el tribunal según las pruebas y decisiones posteriores.
En Pasa en Antioquia hemos informado sobre otros procesos de esta jurisdicción, como la sanción a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y las obligaciones de reparación.
También publicamos el caso de Javier Cadavid, comerciante antioqueño absuelto por la JEP después de más de doce años privado de la libertad.
Se trata de procesos judiciales diferentes que ilustran distintas funciones y decisiones de la justicia transicional.
¿Qué sigue en la investigación por los hechos de la Comuna 13?
La decisión de que la JEP imputa a 12 exuniformados abre una nueva etapa en el subcaso Antioquia del Caso 08.
La Sala deberá continuar con los procedimientos de notificación, recepción de respuestas y participación de las víctimas.
Posteriormente, las actuaciones dependerán de la posición que adopte cada compareciente y de las decisiones de la jurisdicción.
El expediente también podrá contribuir a ampliar la información disponible sobre desapariciones forzadas, acciones paramilitares y responsabilidades estatales en Medellín.
Para las familias de las víctimas, la investigación representa una nueva oportunidad para conocer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y obtener respuestas sobre las personas que todavía permanecen desaparecidas.
Por ahora, lo confirmado es que la JEP atribuyó responsabilidad a doce antiguos integrantes del Ejército y la Policía por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2001 y 2004.
La decisión incorpora un universo provisional de 951 hechos victimizantes y 891 personas afectadas, y mantiene abiertas las siguientes etapas del procedimiento judicial.
Fuentes
- CAMBIO: JEP imputa al general Mario Montoya por la Operación Orión y crímenes en la Comuna 13, 30 de octubre de 2026, 10:13 a. m..
- Caracol Radio: JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a doce exuniformados, 30 de octubre de 2026, 10:32 a. m..
- Agencia EFE: decisión judicial y antecedentes de la Comuna 13, 30 de octubre de 2026.
- El País: imputación a Mario Montoya por omisiones durante la Operación Orión.
- JEP: antecedentes oficiales de las medidas cautelares y búsqueda en La Escombrera.