Denuncia contra Petro: nuevo trámite por caso de 40 mujeres
La denuncia contra Petro y la congresista María José Pizarro fue admitida para estudio por la Corte Suprema de Justicia en el marco de acusaciones por supuestos contratos a cambio de favores sexuales. El alto tribunal evalúa información correspondiente al periodo en el cual el actual mandatario ejercía funciones legislativas en el Senado de la República.
El origen de la denuncia contra Petro en la justicia
El recurso llegó formalmente al despacho del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, integrante de la Sala de Instrucción del alto tribunal. En este escenario inicial, la autoridad judicial analiza si existen fundamentos probatorios suficientes para ordenar la apertura formal de una investigación penal o desestimar el caso. Al revisar la denuncia contra Petro, el magistrado instructor deberá determinar la pertinencia de las pruebas aportadas y definir las primeras decisiones dentro del trámite legal.
Sobre este procedimiento, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Mauricio Lenis, aclaró que la acción corresponde a hechos presuntamente ocurridos durante el periodo en que los implicados se desempeñaban en el Congreso. La denuncia contra Petro se encuentra en una fase preliminar donde se revisará si procede escuchar una versión voluntaria o si cabe alguna vinculación formal, dependiendo exclusivamente de la solidez de los elementos presentados.
¿Qué hechos motivaron la apertura del caso?
El origen de este expediente judicial parte de las declaraciones públicas entregadas por Deicy Jiménez a la revista Semana, en las cuales describió un presunto esquema de contratación irregular en dependencias estatales. Según el relato de la mujer, operaba una red conformada por entre 30 y 40 mujeres que habrían accedido a convenios laborales con el Estado a cambio de supuestos encuentros íntimos.
Dentro de sus señalamientos, Jiménez también sostuvo que, durante su época en el Senado, se le habría solicitado la compra y el traslado de sustancias ilícitas. Estas afirmaciones sirvieron de base para que se radicara la denuncia contra Petro y María José Pizarro ante el tribunal competente, motivando la reacción de distintos órganos de control del país que buscan esclarecer si existió alguna conducta contraria a la ley.
Las actuaciones de la Fiscalía y la Procuraduría
De manera paralela al proceso en la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación confirmó que el pasado 23 de octubre se abrió una noticia criminal orientada a indagar anomalías en entidades públicas como el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). En este frente penal, la Sala de Instrucción no actúa sola, pues la Fiscalía busca corroborar la veracidad de los testimonios divulgados en medios de comunicación.
Frente a este escenario, el vicefiscal Gilberto Guerrero precisó que Jiménez será citada a declarar, analizando su condición dentro de la investigación judicial. Las autoridades competentes explicaron que, al tratarse de personas cuyas declaraciones implican posibles señalamientos de autoinculpación, las diligencias deben garantizar el derecho constitucional a guardar silencio mediante interrogatorios específicos. Mientras tanto, la denuncia contra Petro continúa su curso independiente en la jurisdicción especial que cobija a los aforados constitucionales.
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Por su parte, la Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa dirigida a funcionarios por identificar en múltiples dependencias del Estado. Las pesquisas disciplinarias abarcan a funcionarios del Congreso de la República, el Dapre, el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Superintendencia Nacional de Salud, con el fin de evaluar posibles conductas de extralimitación de funciones, acoso laboral y violencia de género en contratos de prestación de servicios.
La respuesta oficial frente a los señalamientos
Ante la divulgación de las acusaciones y el trámite de la denuncia contra Petro, el mandatario rechazó enfáticamente las versiones difundidas en la prensa y defendió su derecho a la privacidad. En sus declaraciones públicas, enfatizó que nunca ha cometido conductas delictivas en el ámbito de su intimidad y catalogó las publicaciones como una intromisión indebida en su esfera personal motivada por sectores contrarios a su labor.
El gobernante argumentó además que este tipo de señalamientos surgen ante la falta de pruebas sobre supuestas irregularidades en su gestión como servidor público. En ese sentido, puntualizó que la intromisión en la privacidad vulnera principios fundamentales y reafirmó que jamás ha recurrido a aspectos personales o sentimentales para debatir con sus adversarios políticos.
Próximos pasos en el trámite judicial
La resolución de esta controversia dependerá de las determinaciones que adopte el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado en las próximas semanas. Al estudiar la denuncia contra Petro, el togado deberá valorar el material probatorio allegado al expediente antes de definir si convoca a los denunciados a rendir declaración o si archiva las diligencias por falta de mérito.
El avance de este caso mantendrá la atención de la opinión pública sobre la labor de los tribunales de justicia y los entes de control, que deberán esclarecer con estricto apego a las normas procesales la veracidad de las graves denuncias sobre la contratación pública y los presuntos favores irregulares en las entidades mencionadas.
Fuente: elespectador.com