Aguas Vivas: hallazgo fiscal por $10.944 millones enciende las alertas
El caso Aguas Vivas tiene un nuevo hallazgo fiscal. La Contraloría Distrital de Medellín determinó un daño patrimonial de $10.944.242.769, relacionado con el mayor valor que alcanzó el predio mientras perteneció al patrimonio público y que, según la entidad, no fue reconocido cuando regresó a particulares.
La conclusión aparece en un boletín fechado el 30 de septiembre de 2026. La revisión comprende decisiones sobre el inmueble entre 2019 y 2026, incluida su devolución durante la administración del exalcalde Daniel Quintero.
El organismo precisó que la determinación del daño es un insumo técnico para actuaciones posteriores. No equivale a una decisión definitiva de responsabilidad fiscal contra el exmandatario ni contra otras personas.
¿Qué encontró la Contraloría en Aguas Vivas?
Según los valores del boletín, también recogidos por La FM, el inmueble tenía un valor estimado de $52.102.561.701 en 2019 y de $63.046.804.470 en 2023.
La diferencia corresponde a los $10.944 millones señalados por el ente de control. Su conclusión es que ese incremento ocurrió mientras el terreno estuvo bajo titularidad pública, pero no fue reconocido al Distrito al efectuarse la devolución.
En declaraciones recogidas por Blu Radio, la contralora explicó que debían examinarse las consecuencias económicas de devolver el inmueble. Según su explicación, el Distrito no recuperó el mayor valor identificado en la actuación fiscal.
El hallazgo se refiere, por tanto, a una afectación patrimonial calculada sobre el terreno. La cifra no debe describirse como dinero en efectivo entregado a un funcionario ni como una suma que ya haya sido recuperada.
Fuente: Contraloría Distrital de Medellín, vía Infobae.
Cómo llegó el lote de Aguas Vivas al patrimonio de Medellín
El terreno de Aguas Vivas, con una extensión de 146.686,29 metros cuadrados, ingresó al patrimonio municipal en diciembre de 2019 mediante una cesión gratuita e irrevocable vinculada al cumplimiento de obligaciones urbanísticas de particulares.
De acuerdo con Infobae, el inmueble fue considerado para iniciativas de espacio público, sostenibilidad ambiental y desarrollo tecnológico.
Posteriormente, la Resolución 202250110923 del 26 de octubre de 2022 dispuso la terminación unilateral del contrato de cesión. La devolución a los particulares se materializó mediante inscripción registral en febrero de 2023.
Distinguir esos momentos permite entender la investigación: una fecha corresponde a la decisión administrativa y otra al registro que concretó el cambio de titularidad.
Qué sigue en la actuación fiscal
El informe sobre Aguas Vivas y las pruebas recopiladas serán trasladados a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, según informó Blu Radio.
La entidad indicó que las siguientes actuaciones deberán valorar los hechos y las pruebas con garantías de debido proceso, contradicción y defensa. Será en ese trámite donde se establezcan las eventuales responsabilidades.
Por ahora, el anuncio no permite afirmar que existe una orden definitiva de pago contra Daniel Quintero. Tampoco reemplaza las decisiones que deban adoptarse en otros procesos relacionados con el predio.
Los antecedentes judiciales de Aguas Vivas
El caso tiene antecedentes penales y disciplinarios. El 14 de julio de 2026, Caracol Radio informó que una jueza declaró la nulidad de la imputación contra Quintero y otros doce exfuncionarios por problemas en la exposición de los hechos atribuidos.
La Fiscalía y la representación de las víctimas apelaron esa decisión. Ese antecedente debe diferenciarse del hallazgo fiscal conocido ahora: corresponden a actuaciones distintas.
Además, la Procuraduría anunció el 17 de octubre de 2025 un pliego de cargos contra siete exfuncionarios e integrantes del Comité de Conciliación por presuntas irregularidades en los trámites de transferencia y devolución del terreno.
Para Medellín, la novedad es la cuantificación del daño que sostiene la Contraloría. El paso pendiente será determinar, mediante las actuaciones correspondientes, si existen responsables fiscales y qué decisiones proceden para proteger el patrimonio público.
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